El porro terrorista

La modificación del artículo 49 de la Constitución está lista para primer debate en la Cámara de Representantes con ponencia favorable y al revisarla pude ver que por ningún lado se menciona aquel argumento que planteó el Presidente Uribe en la última conferencia de la ONU, en septiembre del año pasado, proponiendo un nexo causal próximo entre quienes compran una dosis personal de estupefacientes o psicotrópicos y el estallido de un carro bomba en nuestro país.

No hay duda que es astuto y mediáticamente efectivo por lo cinematográfico pero bajo ese rasero podríamos estar procesando por terrorismo a los consumidores de droga de todo el mundo.

Ni el proyecto presentado por el Gobierno ni la ponencia plantean este nexo con el terrorismo sino exponen razones de salud pública que responden a necesidades de resocialización y rehabilitación para los adictos y consumidores y plantean una solución que a la luz del conocimiento de los estudiosos de las adicciones, es absurda.

El tratamiento obligatorio para un adicto activo es un procedimiento que está llamado al fracaso. Si el tratamiento voluntario presenta altos grados de ineficacia, no se puede esperar mayor bondad de un tratamiento impuesto por la fuerza.

Pero ahí no para la cosa, el Estado no tiene la menor capacidad de respuesta institucional a un vertiginoso aumento en la demanda de tratamientos de adicciones e instalar capacidad para ello tiene costos fabulosos que no podrán ser asumidos de un plumazo porque no sólo el problema será de dinero, el rollo también será dónde conseguir la fenomenal cantidad de cupos para tratamiento que será preciso ofrecer cuando a cada consumidor se le encuentre una mínima cantidad de droga.

Ahora bien, la Constitución no es para esto, de pronto es para perpetuarse en el poder hasta cuando el cansancio obre pero este tema en una constitución es tanto como penalizar el hurto de celulares por vía constitucional porque de esa manera es más fácil y efectivo.

Es contradictorio que por un lado los funcionarios y allegados al Gobierno y entidades como el ICBF defiendan en campañas publicitarias y en intervenciones públicas el argumento del efecto terrorista de un porro y en lo formal, el proyecto de acto legislativo y la ponencia favorable sólo tocan el tema de salud. ¿Será que les dio vergüenza ponerlo en un texto formal o se les olvidó incluirlo? o ¿será que la estrategia consiste en que unos, por un lado promueven la histeria antiterrorista y otros desde sus honorables posiciones hablan de salud pública.?

Como dice la Chimoltrufia, “hay cosas que ni que”, la pelea contra las drogas está perdida mientras sean ilegales. Lamentablemente la historia ha tenido que legalizar actividades que se salen del control de los Estados. Por ejemplo el alcohol es legal y es una droga igual o más dañina que algunos estupefacientes y psicotrópicos. Pelear contra el consumo de drogas por medios represivos es ineficiente; combatir las adicciones es posible pero con programas y proyectos serios que ataquen las causas y no sólo los síntomas.

Si la despenalización de la dosis personal es una brecha para llegar a la legalización total, bienvenida y que se defienda porque los argumentos moralistas como los de Saúl y los del salvamento de voto a la sentencia del 94, no se compadecen de la realidad que presenta el mercado: con o sin prohibición el que quiera consumir lo hará.